El concepto de familia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero sigue siendo la unidad básica de la sociedad. Como ocurre en cualquier ámbito de las relaciones humanas, la familia es una estructura dinámica y por tanto sometida a etapas de crisis que, en ocasiones, terminan con la ruptura del matrimonio.
Toda ruptura de pareja conlleva un elenco de situaciones personales, familiares, emocionales, económicas y jurídicas.
Poner fin a una situación de convivencia no es fácil y menos aún, cuando esa ruptura conlleva consecuencias que afectan a terceras personas implicadas, especialmente a los hijos. Regular desde un punto de vista humano lo más cordial posible el sinfín de consecuencias que entran en juego tras una ruptura matrimonial, acarrea en muchas ocasiones, conflictos para lo que se requiere que intervengan profesionales jurídicos.
Aspectos como quién ejercerá la custodia de los hijos menores, si esta deberá ser o no compartida, delimitar un uso racional de la vivienda familiar, garantizar el abono de las pensiones alimenticias y compensatoria o por desequilibrio, que cada ruptura precise, luchar por un derecho de visitas lo más enriquecedor posible para los menores, donde los afectos, de los padres y demás familiares, encuentros y posibles desencuentros fluyan en un ambiente de máximo respeto y cordialidad, no es tarea fácil.
El procedimiento de divorcio está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y señala dos alternativas, (i) la del divorcio contencioso, siempre en vía judicial, y (ii) la del divorcio de mutuo acuerdo o por uno de los cónyuges con consentimiento del otro, que podrá llevarse a cabo de manera extrajudicial ante notario, novedad introducida por la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, siempre que no haya hijos menores no emancipados o bien a través de la vía judicial, pero en un procedimiento que puede resultar rápido, sencillo y económico, ya que los cónyuges podrán valerse de una sola defensa y representación.
